Declaratoria: Alto a Los Desalojos de Las Comunidades en Guatemala !
En estas elecciones votemos por el derecho a la tierra y la justicia agraria.
La agenda campesina e indígena está ausente del debate político electoral. Como organizaciones de sociedad civil, indígenas y campesinas demandamos que las y los candidatos prioricen en sus planes de gobierno una solución a la conflictividad agraria del país, para que las comunidades que viven en y de la tierra logren justicia y seguridad sobre la misma.
Los comicios generales 2023 se han visto manchados por la suspensión arbitraria de candidatos, lo cual es un reflejo del deterioro de nuestra ya frágil democracia electoral, y han puesto en duda la independencia de las instituciones electorales. Frente a ello, queremos advertir sobre el peligro que representa -para los derechos a la tierra de las comunidades en Guatemala- la continuidad en los poderes políticos y económicos de quienes gobiernan hace décadas.
Es indignante el desprecio manifiesto por la vida de la población campesina e indígena en nuestro país.
Los desalojos forzosos de comunidades han continuado aún en el contexto electoral, pese a que los estándares internacionales lo prohíben. Tan solo en 2022 se reportaron más de 70 casos de desalojos a grupos de familias y comunidades campesinas e indígenas que luchan por la certeza jurídica de sus tierras, con mayor incidencia en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Petén, Escuintla y Santa Rosa.
Los índices de pobreza, desigualdad y represión en el campo se han agudizado, reflejo de un estado permanente de inseguridad sobre la tierra y de las agresiones a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas en sus territorios. Según datos oficiales, en 2019 alrededor de 165.000 familias vivían en condiciones de pobreza extrema por carecer completamente de tierra, lo que ha impulsado a la migración y el abandono del campo. En lugar de buscar soluciones sostenibles a esta situación, el Estado ha ido eliminando la institucionalidad agraria encargada de la investigación y el diálogo para la búsqueda de soluciones pacíficas, e incluso ha actuado con uso desmedido de la fuerza en casos de desalojo. A esto se suma la permanencia de un mecanismo estatal de acceso a la tierra regido por la lógica del mercado, que no logra responder a las necesidades de la población campesina sin tierra.
Al mismo tiempo, el presupuesto destinado a la agricultura familiar campesina ha sido recortado, impactando directamente en más de un millón hogares rurales, los cuales proveen más del 70% de los alimentos que se consumen a nivel nacional.
Líderes y lideresas de comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de sociedad civil exigimos:
- Alto inmediato a los desalojos y al uso de la violencia en contra las familias campesinas e indígenas. Urge establecer un diálogo nacional y la búsqueda de soluciones en el marco de los convenios y declaraciones sobre derechos campesinos e indígenas, y en particular de los estándares internacionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y prevención de desalojos forzosos.
- Cese de las agresiones de los megaproyectos extractivos y grandes agronegocios a los territorios indígenas y respeto a la autoridades y formas de organización comunitarias.
- Justicia rápida y efectiva para las personas y comunidades criminalizadas por defender los derechos humanos.
- Reincorporación del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria para orientar la política pública y la ejecución de una Política de Desarrollo Rural, establecidos en los Acuerdos de Paz.
Exhortamos a la población guatemalteca a rechazar con su voto a aquellos partidos y candidatos políticos vinculados con la corrupción, la impunidad y la violación a los derechos humanos. Elijamos gobernantes comprometidos con el desarrollo rural integral y los derechos a la tierra; el reconocimiento económico y político de las mujeres: la protección de los bienes naturales; y la representación de los pueblos indígenas dentro del Estado.