Foto: A. DuboismenuNo permitamos que Francia borre 30.000 tierras comunitarias
Expresión internacional de solidaridad contra una propuesta de ley que amenaza a más de 30.000 bienes comunes
26 de octubre de 2026
Firma para apoyar la protección de las sections de commune de Francia
El gobierno francés está debatiendo actualmente si abolir las sections de commune, un tipo importante de bienes comunes o territorios de comunidades locales en Francia. A partir del 3 de noviembre de 2026, el Senado francés debatirá la Proposición de Ley 782, que busca disolver más de 30.000 «sections de commune» en la Francia metropolitana. Aunque no son el único tipo de bienes comunes en Francia (otros son los consortages, los olhak, las prud’homies de pêche, las écluses à poissons, los canales de riego y las marismas), las «sections de commune» son los más numerosos y los más extendidos geográficamente. Estos territorios están gobernados por comunidades profundamente interconectadas a lo largo de cientos de años de agricultura sostenible, pastoreo, silvicultura, caza, recolección y gobernanza del agua. Priorizan la gestión local y dan a sus residentes el primer acceso a unos recursos naturales que, a su vez, cuidan directamente y que son esenciales para sus medios de vida. Estas tierras y sus edificios históricos también ofrecen servicios recreativos, turísticos, ambientales, sociales y económicos.
En contraste, los nuevos bienes comunes urbanos que están surgiendo en muchas ciudades francesas se consideran dinámicos y beneficiosos para la sociedad, y la Agencia Francesa de Desarrollo los promueve a nivel internacional. Para los bienes comunes rurales, el discurso es muy distinto: desde el siglo XIX, el gobierno francés sostiene que las tierras de las comunidades locales son anticuadas y están mal gestionadas, y lo utiliza para justificar la «modernización». Sobre esa base, ha ido erosionando poco a poco los derechos de las comunidades locales sobre sus tierras tradicionales, en un proceso llamado «acaparamiento de bienes comunes» (commons-grabbing).
La reforma legal de 2013 siguió el mismo razonamiento: creyendo haber encontrado la solución definitiva, el Estado retiró la autogobernanza de la mayoría de estos territorios comunitarios y traspasó la responsabilidad a los municipios, mientras que las comunidades conservaron los derechos de uso y la tenencia de la tierra. No se consultó a ningún titular de derechos. Este enfoque fracasó. Los conflictos con los municipios aumentaron, ya que estos dejaron de contar con representantes y asambleas de las comunidades locales con quienes discutir la gestión de sus recursos naturales y territorios. También provocó el traspaso permanente de muchas sections de commune a los municipios, tras lo cual las tierras pudieron ser edificadas, vendidas o destinadas a otros usos, incluidas la agricultura y la silvicultura industriales.
La propuesta de ley que se debatirá el 3 de noviembre de 2026 sigue describiendo estos bienes comunes como «sistemas obsoletos, cuya gestión y cuya propia existencia ya no son adecuadas», sin aportar ninguna prueba que respalde estas afirmaciones. La propuesta fomenta el acaparamiento de bienes comunes por parte del Estado, mediante la «transferencia» de las tierras comunitarias a los municipios, incentivada por un gravamen fiscal.
La Proposición de Ley 782 busca:
- Imponer un impuesto a cada titular de derechos, animándolo explícitamente a renunciar a ellos.
- Ampliar las competencias de los consejos municipales para despojar a las comunidades de sus tierras.
- Dificultar la autogobernanza de las sections de commune más grandes, elevando de forma significativa el umbral de superficie que da derecho legal a la autogobernanza (y, por tanto, a contar con un órgano de gobierno).
Advertencia: si esta ley se aprueba, los mismos métodos podrían utilizarse para suprimir los derechos de otras comunidades, concretamente mediante la supresión de su gobernanza, la imposición de impuestos especiales y la facilitación de la municipalización de la tierra (acaparamiento de bienes comunes).
Para más información sobre por qué es importante mantener las sections de commune y sobre cómo otros países europeos reconocen legalmente y apoyan territorios de comunidades locales similares, consulta la alerta del Consorcio ICCA (en inglés).
Llamado a la acción dirigido al gobierno de Francia
- Consultar a todos los titulares de derechos sobre el futuro de sus sections de commune antes de debatir la propuesta de ley, de acuerdo con la norma internacional del consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
- Encargar estudios independientes sobre las sections de commune, para que las propuestas de ley se basen en evidencia científica y no repitan afirmaciones infundadas y no empíricas que se llevan haciendo más de 200 años, según las cuales estos territorios son «anticuados y no sirven para nada». Esta lógica fue desmentida por las investigaciones de Elinor Ostrom y sus colegas, galardonadas con el Premio Nobel.
- Evaluar los costes económicos que asumiría el Estado si más de 30.000 sections de commune pasaran a ser gestionadas íntegramente por el gobierno en lugar de por las comunidades, una gestión comunitaria que supone un coste mínimo o nulo para el erario público.
- Evaluar el impacto ambiental de transferir más de 30.000 sections de commune a los municipios.
- Considerar las implicaciones de esta ley para la capacidad de Francia de cumplir el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KM-GBF).
- Considerar las implicaciones y el potencial que se pierde para aplicar de forma verdaderamente participativa y comunitaria la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea (UE), su Estrategia de Biodiversidad y la estrategia «De la granja a la mesa».
- Considerar el impacto de la pérdida de las sections de commune sobre las generaciones futuras.
- Modificar la ley para promover estos territorios como lugares de cohesión social, transmisión intergeneracional, democracia local, conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático y una amplia gama de otros servicios, y como espacios importantes para los medios de vida locales y para la sociedad en general.
Adhesión de organizaciones
Al respaldar estas demandas, las organizaciones de todo el mundo pueden desempeñar un papel fundamental para que el gobierno francés rinda cuentas de sus actos. Hacemos un llamado a los gobiernos, a las organizaciones internacionales de derechos humanos y al público en general para que se solidaricen con las comunidades locales francesas en su lucha por la justicia territorial.
En solidaridad con French Commons #landrightsnow