El 21 de diciembre el gobierno de Guatemala inició un proceso violento de desalojo de los pueblos indígenas y comunidades campesinas en la Sierra de las Minas. Hasta 10.000 familias podrían verse afectadas, en su mayoría miembros de los pueblos maya q’eqchi’ y poqomchi’. Sus antepasados han vivido en la región por siglos. Ahora, estas comunidades locales e indígenas se enfrentan a la violencia de agentes estatales y extrajudiciales mientras luchan por defender sus territorios.
Las comunidades y los pueblos indígenas que están siendo desalojadas reclaman desde hace décadas que el Estado reconozca su derecho a la tierra y el territorio que habitan y que han trabajado históricamente. Estas poblaciones han trabajado principalmente como jornaleros agrícolas en condiciones desesperadas. A menudo carecen de saneamiento básico, alimentación adecuada o no reciben una compensación justa por su trabajo. En los últimos años, la introducción de centrales hidroeléctricas y la “crisis del café” han planteado una nueva crisis a las comunidades. El modelo económico que se prioriza ha llevado a muchos propietarios de fincas a expulsar a las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios ancestrales.
El impacto de los desalojos en las comunidades afectadas ha sido profundo. Se ha restringido su libre circulación, no pueden almacenar ni vender productos, y muchos miembros de la comunidad no han podido obtener servicios sanitarios. Las comunidades también se han enfrentado a la violencia física directa de miembros de la policía y el ejército, que agredieron a un líder comunitario y arrasaron aldeas. Estas violaciones se oponen directamente a la Resolución 67/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Declaración de las Naciones por los Derechos de los Pueblos Indígenas y a las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra en el Contexto de la Seguridad Alimentaria. Además, el Estado ha ignorado el derecho colectivo de los pueblos indígenas mayas a sus territorios y recursos ancestrales.
Land Rights Now apoya a los líderes indígenas y campesinos y a organizaciones de la sociedad civil de Guatemala que hacen un llamamiento al gobierno para que ponga fin inmediatamente a los desalojos y proteja los derechos de los indígenas y campesinos de acuerdo con los tratados internacionales. También exigimos la cesación de violencia en los territorios de la Sierra de las Minas. Por último, pedimos el reconocimiento y la protección de los derechos de pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y sus recursos, así como el acceso a la tierra y certeza jurídica para las poblaciones campesinas. Asimismo, es necesario que se establezcan mecanismos de diálogo efectivos con los actores involucrados y que se restablezca la institucionalidad pública para poner fin a la conflictividad agraria que prevalece en el país.
