Ercilia Araya es la Presidenta de la Comunidad Pai-Ote, integrada por alrededor de 60 indígena Colla, en la Región de Atacama en Chile. Desde el 2014 ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental causado por la minería. 

El territorio ancestral de la Comunidad Pai-Ote es de gran riqueza mineral e incluye la“Franja de Maricunga”, uno de los distritos auríferos más importantes del país. Esto ha generado una fuerte presión en la comunidad debido a la instalación de al menos una decena de proyectos mineros, la mayoría de ellos canadienses, de extracción de oro. Dichos proyectos se han aprobado en ocasiones sin una consulta previa e informada. Ercilia ha protestado y le ha costado fuertes represalias por parte del Estado y compañías mineras.

Criminalización al servicio las mineras extranjeras

En marzo del año 2014 Ercilia realizó una denuncia a nombre de su comunidad por la contaminación producida por los relaves mineros de la empresa canadiense Yámana Gold. La Policía de Investigaciones visitó su residencia y en lugar de investigar la denuncia por daño ambiental, la acusaron, junto con sus familiares, por poseer artefactos arqueológicos y fósiles. En el acto, el hijo de 12 años de Ercilia fue detenido e interrogado. La investigación duró hasta 2017, año en que la Fiscalía desestimó el caso.

“Denuncié a las mineras por contaminar el agua, y salí presa yo, se llevaron a mi hijo de 12 años detenido, y se llevaron a mi padre de 76 años detenido. Sólo por denunciar a las mineras”. 

En octubre de 2016, Ercilia interpuso un recurso en contra de la autorización ambiental del proyecto “Explotación de Minerales La Coipa Fase 7” de la Compañía Minera Mantos de Oro (perteneciente a Kinross Gold Corporation), el cual fue aprobado sin un proceso de consulta previa. El recurso sirvió de poco. Mientras tanto, miembros de otras comunidades Colla, apoyadas por la compañía minera, demandaron a Ercilia acusándola de atribuirse la propiedad de terrenos. Las demandas fueron finalmente rechazadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Al año siguiente, la Comunidad Colla Pai-Ote fue acusada por la Comunidad Colla Pastos Grandes, apoyados por las compañías mineras, por supuestas obras ilegales de captación de agua. Carente de todo fundamente, la denuncia concluyó en 2019 gracias a un acuerdo de reparación.

 “Cuando uno vive en el territorio y cuando uno sufre las carencias, aprende a luchar”.

Negación de los derechos a la tierra de la Comunidad Pai-Ote desde el 2001 y las mineras

La Comunidad Pai-Ote ha reclamado al Estado chileno el reconocimiento y titulación de las tierras de ocupación tradicional desde el 2001. Sin embargo, hasta el día de hoy, las autoridades han prestado oídos sordos. Por otro lado, comunidades que han pactado con las compañías mineras operantes en el área y que han iniciado acciones legales en contra de la Comunidad de Pai-Ote y de Ercilia Araya, han sido dotadas de tierras en los últimos años.

Alto a la criminalización de los defensores de los derechos a la tierra de y la actividad minera en su territorio

La defensa del territorio y el medio ambiente no es un crimen. Es por ello que el Estado chileno debe detener la criminalización, persecución y hostigamiento de Ercilia Araya, de su familia e integrantes de la comunidad Colla Pai-Ote. Así mismo, las mineras deben detener sus actividades en el territorio ancestral de la Comunidad Pai-Ote. Esos territorios les pertenecen a las comunidades locales. Por último, el Estado chileno debe transferir la propiedad de las tierras de ocupación tradicional de la Comunidad Pai-Ote demandadas desde 2001.

 

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Photo credit: Diario REDigital