“Los proyectos de carreteras tienen el potencial de traer beneficios a las comunidades rurales del Estado Karen, pero solamente si se implementan de una manera transparente y democrática. La realidad es que estas carreteras están siendo construidas en zonas de conflicto, donde han ocurrido ya desplazamientos masivos, a las comunidades se les oculta la información y la sociedad civil y los aldeanos son vulnerables a violaciones de los derechos humanos. Red de Apoyo a la Paz de Karen (KPSN).

La construcción de la Autopista Asiática a través del Estado de Karen, una región de Myanmar que ha estado en conflicto desde 1949, ha producido la confiscación generalizada de tierra y enfrentamientos militares que han desplazado más de 1000 personas. Antes de que comenzara la construcción, los constructores no buscaron el consentimiento de las comunidades locales ni hicieron esfuerzos significativos para comunicarse con los aldeanos afectados acerca de cómo se impactaría su tierra y si ellos recibirían alguna compensación.

En cambio, el Ministro Jefe del estado retroactivamente le informó a los aldeanos que habían perdido tierra que recibirían 1.5 millones kyat (1270 Dólares americanos) por acre, lo cual cubriría la construcción de una casa de bambú, pero no el costo de comprar nueva tierra. No hubo oportunidad de negociación.

“No estuvimos de acuerdo porque recibiríamos este dinero una sola vez en la vida, mientras que las granja nos aportaría por siempre” dice Daw Su*, un granjero local. En una región donde el 70% de la población depende de la tierra para su sobrevivencia, la confiscación de tierra amenaza el sustento de comunidades enteras. “Las granjas son la olla del arroz de nuestras familias. No podemos enviar nuestros niños a la escuela a causa de esta granja”, agrega Daw Su.

Hubo un brote de violencia entre las fuerzas del gobierno y diferentes organizaciones étnicas armadas que luchaban por el control de la autopista. La creciente tensión entre los grupos étnicos armados desplazó cerca de 6000 personas, muchos de ellos no tienen alimentación adecuada ni opciones de reubicación.

La construcción de la carretera ha afectado también los campos de arroz porque el drenaje no se instaló correctamente, la tierra a lo largo de un lado de la autopista recibe ahora demasiada agua y la tierra del otro lado muy poca.

La siguiente fase de la carretera está actualmente en construcción según contrato con la China Road and Bridge Construction Company y financiada por el Banco de Desarrollo Asiático (ADB). Va a pasar por 17 aldeas y un pueblo. En las primeras etapas de construcción, el gobierno de Myanmar no consultó con las comunidades locales ni negoció compensación. Desde entonces el ADB ha contactado a los aldeanos locales y ha establecido mecanismos de reclamación.

Muchos problemas quedan aún por resolverse: i) no se ha realizado una valoración significativa del impacto del conflicto, incluyendo la zona de canteras construidas para extraer material, lo cual ha incitado a la violencia, ii) 100 personas afectadas por el proyecto no han recibido ninguna compensación y esperan por una retribución justa. iii) no se ha conducido una rigurosa e independiente evaluación del impacto ambiental, a pesar de la reubicación involuntaria y la alteración en los sistemas de irrigación de los campos de arroz cercanos.

El caso es emblemático de las disputas por la tierra en Myanmar hoy en día, las cuales son una amenaza mayor para la paz a largo plazo. Existe una urgente necesidad de regular de forma apropiada las inversiones y establecer un marco legal que proteja los derechos a la tierra de las comunidades rurales. Se prevé una ley nacional de tierras en Myanmar, pero las reformas en curso de otras leyes relacionadas con la tierra bajo consideración, amenazan con debilitar aún más los derechos a la tierra de millones de granjeros. El reto se hace mayor teniendo en cuenta el contexto en el cual se están desarrollando estas leyes. Un estudio de 2015 reportó que casi la mitad de los casos de confiscación de tierra en todo el país entre 1990 y 2009 fueron ejecutados por los militares, o por militares trabajando con los departamentos del gobierno e inversionistas. Mientras estos actores continúen teniendo el poder de decisión clave en el proceso de reformas a la ley de tierras, y las voces del pueblo continúen ignorándose, los derechos a la tierra de las comunidades rurales en Myanmar continuarán bajo amenaza.

Acción necesaria

El gobierno de Myanmar, el ADB y los contratistas deben asegurarse de que la construcción no produzca abusos en los derechos a la tierra y los derechos humanos, y establecer un proceso transparente, imparcial e inclusivo para defender los derechos de las comunidades locales. Por lo tanto,

  • La construcción de la Autopista Asiática debe detenerse hasta que se realicen evaluaciones significativas del impacto ambiental y del impacto del conflicto, y se actúe con base a ellas.
  • Debe obtenerse consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales como condición para continuar las operaciones.
  • A aquellos que ya fueron desplazados debe brindárseles opciones adecuadas de reubicación, incluyendo títulos de tierra formales, de acuerdo a los estándares internacionales.
  • El ADB debe asegurarse de que el gobierno de Myanmar se adhiera a sus políticas de protección y cumplir su responsabilidad para remediar la situación si el gobierno de Myanmar no cumple.

Con el fin de abordar aspectos sistemáticos más amplios:

  • El gobierno de Myanmar debe reconocer y respetar los derechos a la tierra habituales en la Ley Nacional de la Tierra que se aproxima.
  • La Comisión de Inversiones de Myanmar debe exigir a los inversionistas evaluación tanto del impacto ambiental como del impacto por el conflicto, antes de decidir otorgar permisos en áreas de conflicto.
  • El gobierno y el parlamento deben priorizar el desarrollo de la Ley Nacional de Tierras con participación creíble todas las partes involucradas incluyendo los pueblos indígenas y los granjeros.
  • El gobierno de Myanmar debe suspender las perjudiciales enmiendas propuestas al Acta de Adquisición de Tierras (1984), la Ley de Tierras de Labranza (2012) y la Lay de Manejo de Tierras Vírgenes, Vacantes o Improductivas (2012), hasta que se apruebe la Ley Nacional de Tierras. Las enmiendas ponen en riesgo aún más los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Para Saber Más                                                                                 

*Seudónimo

Participantes de Derechos a la Tierra Ya

Karen Human Rights Group (KHRG), Karen Environmental and Social Action Network (KESAN), Thwee Community Development Network (TCDN)