Miembros de la comunidad de Santa María, la comunidad de Ayotitlán y el IDEA, criminalizados por oponerse a proyectos mineros e inmobiliarios en México
La comunidad de Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque y la comunidad indígena de Ayotitlán han sido fuertemente criminalizadas por luchar por sus derechos sobre la tierra y el medio ambiente en contra de megaproyectos inmobiliarios y mineros.
A su vez, miembros del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) han sido constantemente criminalizados por defender legalmente a dichas comunidades, así como a otras en varios estados del Occidente de México.
Actualmente, tanto las comunidades como el IDEA se enfrentan a intentos de destitución de representantes de las comunidades y falsas acusaciones de secuestro, lesiones, daños, despojo, robo y afirmar hechos falsos.
Denuncia falsas a Representatente de la comunidad Indígena de Santa María Tequepexpan de Tlaquepaque por hacer frente a megaproyectos inmobiliarios.
La comunidad de Santa María Tequepexpan se encuentra dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. Esto les ha costado a sus habitantes que tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal, así como empresas inmobiliarias, intenten constantemente despojarles de sus espacios verdes y cerros para desarrollar megaproyectos inmobiliarios.
La comunidad de Santa María ha mantenido una lucha constate para evitar ser despojados. A través de su Representante de Bienes Comunales y el Instituto de Derecho Ambiental, han logrado que el poder judicial reconozca los derechos colectivos de propiedad sobre los terrenos que habitan y que el proyecto inmobiliario fuera suspendido temporalmente.
Como represalia ante esa victoria, los Ayuntamientos de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, en conjunto con las inmobiliarias, han alegado que la comunidad de Santa María no existe y han denunciado penalmente al Representante de Bienes Comunales de la comunidad y al Instituto de Derecho Ambiental por afirmar su existencia.
Pese a los intentos de criminalización, Santa María se mantiene en pie de lucha por defender su territorio y el medio ambiente. Sin embargo, el gobierno y las inmobiliarias han buscado, mediante abogados corruptos al servicio del municipio, que se busque remuever al Representante Comunal de Santa María como medida para afectar sus procesos de lucha. Dicho intento tomará lugar el 4 y 17 de diciembre y es un ataque directo a los procesos de autonomía de la comunidad.
Falsas acusaciones y arrestos de miembros de la comunidad indígena de Ayotitlán por hacer frente a una mina.
La comunidad de Ayotitlán en Cuautitlán, Jalisco, hace frente al megaproyecto minero de la empresa Benito Juarez Peña Colorada, actual propiedad de las transnacionales Ternium y Arsel Mittal, que comenzó a operar desde 1975 en esa región. Aproximadamente 12,000 hectáreas del territorio de la comunidad fueron concesionadas a la minera sin una consulta previa e informada. La implementación de dicho proyecto ha dejado a su paso la destrucción de los montes, bosques y agua, afectando con ello la vida de la comunidad.
Tras comenzar una batalla legal, asesorados por el Instituto de Derecho Ambiental, Ayotitlán obtuvo una victoria histórica sobre la minera: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió la suspensión del proyecto minero, así mismo, determinó que no se le puede negar el libre acceso a los habitantes de Ayotitlán a sus terrenos. Sin embargo, tras esta victoria, en julio del 2015, 33 indígenas nahuas de la comunidad y el director de IDEA fueron detenidos y decenas más lastimados por las fuerzas del estado.
Las personas detenidas fueron acusadas por la empresa y el gobierno de secuestro, robo, lesiones, daños y despojo, llegando a permanecer hasta diez meses en prisión. En ese proceso, tanto el gobierno como la empresa trataron de negociar con la comunidad para que desistiera de sus demandas y su lucha por sus derechos a la tierra a cambio de que las personas aprendidas fueran liberadas.
La comunidad no desistió y, en conjunto con el trabajo del Instituto de Derecho Ambiental, fueron puestos en libertad. Actualmente la comunidad de Ayotitlán sigue en pie de lucha para obtener acceso a la justicia por los abusos y daños cometidos por el estado en este proceso de criminalización.
Instituto de Derecho Ambiental (IDEA): Defender a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales no es un crimen
El IDEA acompaña a los pueblos y comunidades en la defensa de su territorio y sus derechos humanos en Jalisco, Colima, Nayarit y otros estados del Occidente del México. Desde 1997 han logrado suspender provisionalmente o definitivamente megaproyectos mineros e inmobiliarios, así como, reparaciones a los Pueblos Indígenas por los daños causados por las empresas y el gobierno.
Por su labor en la defensa legal de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, la Presidenta, el Director General, el Director Ejecutivo y la Coordinadora del Área de Justicia Ambiental, han sufrido denuncias infundadas, en las que agentes del gobierno y empresas mineras e inmobiliarias les han acusado de secuestro, lesiones, daños, despojo, robo y afirmar hechos falsos. Igualmente, el IDEA ha sido objeto de amenazas y hostigamiento.
En los procesos anteriores, las fiscalías se han enfrentado a presiones de los poderes ejecutivos y de las empresas, tratando de favorecer a estas últimas, criminalizando a miembros del IDEA. Varios de los procesos que enfrenta el equipo de esta organización han sido desestimados por la obvia falta de pruebas. Sin embargo los existentes contra la Presidenta y Director General aún siguen. Actualmente el IDEA se encuentra dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ser un defensor de los derechos a la tierra y el medio ambiente NO es un crimen
Las acciones sufridas por las personas defensoras y las comunidades tienen como efecto y consecuencia el daño a la integridad física, psicológica, moral y económica de quienes se oponen al desarrollo de proyecto que afecta las tierras y el medio ambiente. Estas estrategias buscan impedir el libre ejercicio en la actividad de difusión y promoción de los derechos al territorio, derechos humanos, al medio ambiente sano.
El IDEA hace un llamado a la Fiscalía General de la República para que investigue con base en un análisis del contexto diferenciado. También hace un llamado a los organismos internacionales para que revisen el papel del estado mexicano en la manipulación del poder punitivo para intimidar a las personas defensoras.
Para saber más:
@InstitutoDeDerechoAmbientalAc
@IDEAAC_mx
contacto@ideaac.org.mx
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